CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 24 de enero, poco después de las 10:00 de la mañana, un ataque armado sorprendió a los habitantes de Oxchuc, un municipio tzeltal, pobre entre los pobres de este país.
No era el primer ataque. En agosto pasado, en ese lugar enclavado en los Altos de Chiapas, ya habían intentado secuestrar a Juan Gabriel Méndez, un abogado indígena que ha encausado el reclamo porque en ese municipio, donde el 98.5% de la población habla la lengua tzeltal y se reconoce indígena, se erradique el sistema electoral y se reconozca su derecho a organizarse por usos y costumbres. El 24 de enero, resultó herido junto con otras 16 personas.
La incursión violenta entró a tiros, incendió casas y vehículos, persiguió a los habitantes del lugar que intentaron refugiarse en la Iglesia, pues se supondría que una regla de honor procedente del medioevo, impide el derramamiento de sangre cuando se procura el llamado “asilo en sagrado”. Pero los agresores incursionaron en el templo.
Chiapas tiene en el reclamo de derechos políticos un factor de violencia. Un día de 2014, en Chenalhó, un grupo de ciudadanos tzeltales tomó un taller de transparencia, aprendió a realizar solicitudes de acceso a la información. Para poner en práctica sus nuevos conocimientos, pidieron contratos de obra y expedientes técnicos. En respuesta, el entonces presidente municipal José Arias Vázquez ordenó el destierro –así, el destierro— de los solicitantes y decretó “quemar vivos donde los encontraran” a los integrantes de la organización ciudadana que organizó el taller.
Los derechos políticos, que en las grandes ciudades de este país –así sea en simulación—son parte de una normalidad y son inherentes a la noción de democracia, pueden detonar acciones violentas, actos represivos, pues atentan contra el poder, en el caso de Chiapas, caciquil.
En Oxchuc, el reclamo es por el tipo de sistema electoral y ha llegado a ser tan mayoritario, que la alcaldesa María Gloria Sánchez, postulada por el PVEM, fue depuesta y expulsada de la comunidad. Ella, y su marido, Norberto Santiz, habían mantenido un cacicazgo político de tres lustros hasta provocar el hartazgo ciudadano.
A diferencia de las masacres del pasado, videos y fotografías del pasado 24 de enero circularon rápido en redes sociales. Los habitantes de Oxchuc acusan a un grupo paramilitar controlado por María Gloria. En los videos, lo que se aprecia es el tipo de uniforme policiaco, el equipamiento que sólo provee el gobierno y que da fundamento a la acusación de paramilitarismo.
El pasado lunes, Jaime Martínez Veloz, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la secretaría de Gobernación, interpuso una denuncia ante un ministerio público federal. Su demanda es que se nombre a un fiscal especial que atienda de manera imparcial el caso
Sin embargo, el asunto está manchado por la política. Un contexto de disputa entre el PRI y el PVEM por la definición de la candidatura al gobierno del estado, así como el coqueteo del gobernador Manuel Velasco con Morena, amenazan con perjudicar la indispensable actuación imparcial de la procuración de justicia, tan claro que el secretario de Gobierno pidió que “las partes confrontadas” respeten la ley y encaucen las diferencias por la vía del diálogo. No habla de justicia, ante un ataque armado a civiles desproporcionado, perpetrado por agentes relacionados con el partido que el gobernador controla y en franca indiferencia federal. Así que por acción, omisión y aquiescencia, estamos ante otra matanza de Estado que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se suma a Iguala y Nochixtlán.
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