05 de agosto, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Miriam Isaura López, fue detenida ilegal y arbitrariamente el 2 de febrero de 2011 en la ciudad de Ensenada, Baja California. Miriam fue interceptada mientras manejaba su vehículo, bajada de este mediante el uso de la fuerza, encañonada por personas vestidas como civiles con pasamontañas y trasladada en un vehículo no balizado, a un cuartel militar llamado “El Ciprés”, en el mismo municipio de Ensenada, en el que fue detenida por varias horas hasta ser trasladada al “Cuartel Morelos” en la Ciudad de Tijuana, donde inició su detención bajo la figura del arraigo.
En el periodo que permaneció detenida en arraigo, Miriam Isaura fue sometida a tortura sexual; golpes, amenazas a su vida y, la de su familia, víctima en repetidas ocasiones de violación sexual por militares, el objetivo fue obligarla a inculpar a otras personas y, así misma, por delitos relacionados con el tráfico de drogas y delincuencia organizada, confesiones que utilizaron para someterla a un proceso penal del cual fue encontrada inocente.
Miriam fue puesta en libertad el 1 de septiembre de 2011, tres meses después, Miriam Isaura hizo una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), por los delitos de tortura, privación ilegal de libertad, violación.
Los hechos fueron del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El 4 de septiembre de 2017, FEVIMTRA decidió ejercer acción penal y solicitar al poder judicial mexicano se liberara orden de aprehensión en contra de los probables responsables.
En octubre de 2018, inició la etapa de instrucción en juicio, periodo en el cual se desahogan testimoniales que dan cuenta de la responsabilidad de los elementos militares de la SEDENA, así como se ratifican ante el juez las documentales y demás pruebas obtenidas durante el periodo de la integración de la investigación.
Este juicio se desarrolla en el sistema de justicia penal inquisitivo, ya que los hechos ocurrieron antes de que entrara en vigor el sistema acusatorio. Los probables responsables, por la gravedad de los delitos, permanecen en prisión preventiva, uno de ellos en Prisión Militar y, otro en una prisión civil en el estado de Baja California, de acuerdo con el documento La tortura como crimen de lesa humanidad en el marco de la guerra contra las drogas, revisado por Revolución TRESPUNTOCERO.
“Entre las diligencias más relevantes que han sido desahogadas en juicio se encuentran: el desarrollo de una diligencia de inspección judicial en el “Cuartel Morelos”, espacio resguardado y de difícil acceso.
“También, se debe destacar que, la SEDENA ha entorpecido el desarrollo del proceso en múltiples ocasiones, por ejemplo, al excusarse en varias ocasiones y evitar la excarcelación del elemento militar privado de libertad en prisión militar, por lo cual el desahogo de la audiencia queda suspendido, lo que ha llevado a prolongar el tiempo de juicio”, informó el CAT de la ONU.
La CMDPDH, ha observado que es una práctica común por parte de los integrantes de SEDENA, que al momento de ser cuestionados en juicio sobre los nombre de las personas que integraban la cadena de mando, las respuestas recurrentes fueron en el sentido de no recordar los hechos, o señalar que no lo sabían.
“Por otro lado, pese a contar con otras evidencias que cuestionan esta versión y, pese a realizarse una previa advertencia del delito en el que se incurre al mentir ante autoridad judicial, los integrantes de SEDENA han sostenido en juicio que las detenciones realizadas por integrantes del ejército siempre se realizan con uniforme militar y actuando en vehículos oficiales, repitiendo el discurso oficial que incluso fue desacreditado en el proceso que se le imputó a Miriam”.
México ha acumulado cifras alarmantes de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas en lo que se conoció como la “guerra contra las drogas”.
Desde el 2006, Felipe Calderón desplegó a miles de soldados y marinos para desempeñar tareas de seguridad pública y para emplear la fuerza letal militar en contra de quienes consideran son integrantes de las organizaciones criminales.
Tan solo en 2006, se desplegaron 37 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 4 mil de la Secretaría de la Marina (SEMAR) cada año, llegando a su máximo número en 2017 cuando más de 52 mil soldados y casi 17 mil marinos realizaban tareas de seguridad pública en distintas partes de país.
“Luego de dos sexenios, la militarización en México sigue siendo utilizada como herramienta de seguridad pública, generando altos índices de violencia y violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura”, señala la Comisión Mexicana.
A partir de la documentación que realiza la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ha identificado que “la política de seguridad de corte militar implementada por el Estado mexicano, encaminada al combate del narcotráfico, está directamente correlacionada con los altos índices de tortura que se cometen en México por autoridades del Estado.
“Así mismo, podemos afirmar que la tortura en México, se ha cometido de forma sistemática en contra de la población civil, y que por lo tanto, constituye un crimen de lesa humanidad”.
De las 204 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos, específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, entre el 2006 y el 2017, en el 68.66% de los casos, se reconoce a las fuerzas armadas como autoridad responsable.
Es por lo anterior que la CMDPDH, la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), y un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, han presentado tres comunicaciones a la Corte Penal Internacional, solicitando se abra un examen preliminar en México por crímenes de lesa humanidad cometidos en los estados de Baja California, Coahuila de Zaragoza y Chihuahua, en donde han identificado que la tortura se ha cometido de forma sistemática y generalizada en contra de la población civil desde 2006.
En los casos que han documentado, particularmente en los estados de Baja California, Chihuahua y Coahuila, las víctimas de los crímenes de lesa humanidad son civiles, quienes al momento de su detención y posterior tortura se les acusó falsamente de algún delito, principalmente relacionado con la delincuencia organizada, tráfico de drogas, secuestro, portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre las más comunes.
Las víctimas de esos casos, en su mayoría, fueron detenidos de manera arbitraria durante operativos, en llamadas “cacerías”; no fueron presentadas de manera inmediata ante una autoridad competente, en ocasiones, incluso fueron trasladadas a instalaciones militares en donde se practicaron contra ellas actos de tortura.
Posteriormente, las víctimas fueron presentadas ante medios de comunicación como miembros o colaboradores de cárteles del narcotráfico. Los casos documentados por la CMDPDH muestran un escenario claro de crímenes cuyos patrones se repiten, es decir, se trata de casos similares que denotan la improbabilidad de su carácter fortuito.
La comunicación presentada a la Corte Penal Internacional en el año 2018, la Comisión muestra la existencia de una base razonable para creer que crímenes bajo la competencia de esa Corte se han cometido en Chihuahua, México, por las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Esta comunicación se refiere a ataques cometidos entre el 27 de marzo de 2008 y el 16 de enero de 2010 principalmente crímenes de lesa humanidad en su modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas.
Esta comunicación se refiere a 35 casos documentados, que se refieren a un total de 78 víctimas directas de crímenes que se cometieron dentro del Operativo Conjunto Chihuahua, que se implementó en ese estado a inicios de 2008. “Muchas de las personas fueron víctimas de múltiples conductas criminales producto de un mismo incidente”.
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